La petición de apoyo que el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, lanzó a instituciones y colectivos de la Región de Murcia para defender ante Madrid y Bruselas el proyecto de construcción de una dársena de mercancías en la cala cartagenera de El Gorguel obtuvo ayer una relevante respuesta. La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem) solicitó públicamente que el Gobierno de Rajoy dé un impulso a este plan mediante su declaración como proyecto de interés nacional preferente por motivos socioeconómicos.

Que el Consejo de Ministros concediera esa prioridad oficial al proyecto no supondría solamente un empujón al plan, sino que permitiría también cumplir un requisito obligatorio para defender el proyecto ante la Comisión Europea. Este organismo comunitario es el que tendría la última palabra acerca de si la obra se lleva a cabo o no, debido a que afectaría a espacios protegidos por su valor ecológico.

La patronal considera «imprescindible» que el Estado español haga esa declaración, para convencer a las autoridades de la Unión Europea (UE) de que el beneficio socioeconómico está por encima de la incidencia ambiental. Y, en esta línea, reivindicó un acuerdo político y social para poder obtener las autorizaciones necesarias para garantizar el desarrollo de esta infraestructura.

La patronal Croem hizo esta defensa de El Gorguel mediante la publicación de un estudio donde asegura que la dársena generaría «enormes beneficios socioeconómicos para la Región». Siguió así la estela de la patronal cartagenera, COEC, que la semana pasada reclamó toda la atención regional a este asunto por su importancia más allá de la comarca donde estaría la dársena.

En concreto, los empresarios calculan que se crearían más de 1.900 empleos directos (la Autoridad Portuaria ha ofrecido hasta ahora la cifra de 3.000). Y añaden que se generaría un valor añadido de 181 millones al año, a partir de una inversión de 1.117 millones de euros repartida en cinco años. Para llegar a estas cifras, la patronal ha tenido en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos.

Para dar una idea de la magnitud de los números, Croem apuntó que El Gorguel aportaría un 0,6% del valor añadido bruto regional y un 0,3% del empleo.

La organización presidida por José María Albarracín se hizo eco del resultado de su estudio a través de un comunicado de prensa, en el que explicó que el dosier evalúa las repercusiones sociales, económicas y ambientales del proyecto basándose, entre otros, en los informes del Instituto de Estudios Económicos y de Sostenibilidad Ambiental encargados por la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).

Además, ha destacado que el gran desarrollo en infraestructuras que supondría la nueva dársena paliaría «parte del atraso en dotación de infraestructuras logísticas que padece la Región».

A su juicio, «la adecuada situación geoestratégica de El Gorguel dotaría a ese puerto de una gran capacidad (2 millones de contenedores en la primera fase y hasta 3,5 en la segunda) y multiplicaría por siete la capacidad actual del puerto de Cartagena en almacenamiento, y por más de 28 la de carga y descarga de contenedores». La Croem también ha valorado que la dársena permitiría «potenciar la intermodalidad creando sinergias con el transporte por carretera, el ferroviario a través del corredor mediterráneo y las nuevas zonas de actividad logística de Cartagena y Murcia».

Sin cuestionar los informes

Asimismo, en lo que supone una importante diferencia respecto a la estrategia de comunicación empleada hasta ahora por el Puerto (cuyos responsables han llegado a cuestionar el rigor de los informes técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma, el Instituto Oceanográfico Español y la Universidad de Murcia) sobre el impacto del proyecto en los valores naturales, la patronal reconoció abiertamente estos «efectos ambientales negativos».

La Croem señaló que esta repercusión «se dará especialmente en relación con el paisaje, la biodiversidad terrestre y marina, la funcionalidad física del litoral y las masas de aguas continentales». Y aunque los citados informes advierten de daños que resultarían irreversibles, la patronal hizo hincapié en que la Autoridad Portuaria de Cartagena «se ha comprometido a establecer una amplia batería de medidas destinadas a prevenir el daño ambiental y reducir el riesgo de pasivos ambientales», además de incluir medidas correctoras y adicionales.

A juicio de esta organización empresarial, la denominada «alternativa cero» -no realizar la obra- «obvia que existe un elevado coste de oportunidad de no realizar el proyecto en términos sociales y económicos». «Con eso se debe luchar desde todos los ámbitos en la Región de Murcia, que acumula ya demasiadas alternativas cero en materia de infraestructuras hídricas y de transporte en su historia más reciente», manifestó la Croem.

Ya la semana pasada, la patronal cartagenera COEC, que preside Pedro Pablo Hernández, trató de orientar el debate hacia la importancia de poner en la balanza no solo lo ambiental sino también lo económico y lo social.

Apoyo de Fomento

Lo hizo con esta argumentación: «La aplicación de la legislación medioambiental debe ser racional y coherente con el desarrollo económico. La adecuada protección del medio ambiente» debe conciliarse con el macropuerto, pues éste conllevará «grandes beneficios socioeconómicos».

Esta infraestructura, añadió la COEC, «no tiene por qué estar reñida con el respeto al medio ambiente» y dispone ya de informes favorables de Puertos del Estado (el organismo del que depende la Autoridad Portuaria de Cartagena y que, técnicamente, es el órgano promotor del plan) y de la autorización del Ministerio de Fomento. En diciembre, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguró a 'La Verdad' que El Gorguel es un proyecto prioritario para ese ministerio.

FUENTE:http://www.laverdad.es/murcia/v/20140118/cartagena/empresarios-piden-rajoy-declare-20140118.html