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La política industrial necesita gobernanza

Antón Valero. Presidente de FEIQUE

Fecha publicación
Viernes, 29 de junio de 2018

Con la conformación del nuevo Gobierno tras la moción de censura, se ha hecho efectiva una de las promesas programáticas del Partido Socialista, como es la recuperación del Ministerio de Industria. Y no es que el anterior ejecutivo lo hubiera hecho desparecer, ya que lo integró en la cartera de Economía bajo el mando de Luis de Guindos. A favor de una u otra configuración pueden aplicarse distintos razonamientos. La organización actual concede mayor preponderancia a la Industria ? aunque la Ministra también ejerza las competencias de Comercio y Turismo -, mientras que en la anterior tenía que competir con la omnipresente y evidentemente prioritaria cartera de Economía, aunque comportaba la ventaja de integrarse en un Ministerio con mayor poder y capacidad de iniciativa en el que se coordinaban también la política comercial y la de innovación. No obstante, en ambos casos, se ha vuelto a caer en el error de no elevar la Secretaría General de Industria al rango de Secretaría de Estado, error que persiste desde que en 1996 Juan Ignacio Moltó ejerciera este cargo, siendo José Manuel Eguiagaray Ministro.

Sin embargo, ninguna de las dos configuraciones garantiza, per se, éxito alguno. La política industrial es una política transversal que agrupa múltiples áreas de actuación sobre las que, de facto, los Ministerios de Industria tienen competencias muy limitadas. Así la política energética, la de infraestructuras, la formación o las regulaciones sobre asuntos laborales o ambientales, son áreas cuya gestión e iniciativa corresponde a otros departamentos ministeriales.

Esta situación, en la práctica genera limitaciones evidentes en la eficacia de las propuestas que eventualmente emanen del Ministerio de Industria e imposibilita desarrollar medidas más eficaces para mejorar la competitividad de las empresas industriales de nuestro país. Por ello, la prioridad esencial es dotar al Ministerio de un órgano con la capacidad de coordinar todas aquellas áreas que afectan a la política industrial, emulando el concepto de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Lo fundamental es establecer un modelo de Gobernanza que permita aplicar las medidas que se precisan y promover en nuestro país el desarrollo de los sectores industriales que, no olvidemos, son los que generan riqueza estable y empleo de calidad.